Me dirijo a Uds. y por su intermedio, a todos los integrantes de las Comunidades Wichí de nuestra Provincia, y en ocasión de la presentación realizada en el día de la fecha en la sede de la Defensoría del Pueblo, suscripta por referentes del movimiento “Interwichí”, en la que se objeta la investigación que llevó adelante el Organismo de la Constitución y que culminó en la presentación de una denuncia penal para que se determine la responsabilidad que puede llegarles a caber a los autores materiales e instigadores del último corte de la Ruta Nacional 81, durante el cual se produjo el agravamiento del estado de salud de una mujer, miembro de la etnia wichi, que lamentablemente luego falleció.
No me cabe menos que reafirmar lo hasta aquí expresado y actuado, en el sentido que todo piquete es una forma violenta que atenta contra garantías fundamentales de los ciudadanos, como la del libre tránsito por una vía pública y que, como tal, no puede sino causar mas perjuicios que beneficios a una comunidad. La Defensoría del Pueblo de la Provincia, mantiene una postura histórica al respecto, a sabiendas de la amplitud de recursos pacíficos con que cuenta la democracia para resolver los conflictos y de que el corte intempestivo de un camino abierto a la circulación de cualquier persona, con amenaza de ejercer la fuerza sobre cualquiera que intente atravesarlo, no es una conducta propia de nuestros pueblos originarios.
La verdad es una sola y no existen verdades a medias, no puede un grupo atribuirse la representación del todo y en este sentido, fuerza aclarar a los firmantes, que no solo los familiares de la difunta y los wichis presentes en el corte de ruta sienten dolor por el desenlace fatal y están de duelo. Como miembros de una sociedad no podemos menos que sentirnos dolidos y llevar el luto en nuestros corazones por la trágica pérdida de una vida humana en las condiciones en que se dio el deceso de María Cristina.
Lo que nos preguntamos, es si no les cabe responsabilidad a los que estando con ella en los momentos previos, no agotaron todas las vías para que recibiera adecuada asistencia, si al empeorar su situación de salud, no tuvieron la posibilidad o no quisieron procurarle atención médica adecuada; si quienes la trasladaron a un lugar donde pasaría la noche en las peores condiciones para su cuadro de enfermedad, no pudieron tomar los recaudos para hacerla atender por un facultativo que determinara el peligro que se cernía sobre la fallecida. Lo dije en su oportunidad, hay una víctima directa, lo que no descarta el hecho que el dolor y sufrimiento por lo sucedido pese hoy sobre cada uno de nosotros, los miembros de la comunidad formoseña.
El derecho a la vida, es la potestad humana fundamental y cuando una persona lo pierde, bajo ciertas circunstancias, no vale decir no es culpa de nadie o pretender eludir responsabilidades endilgándolas a un gobierno, por ejemplo, como se pretende en la carta remitida.
A diario, en el mundo, puede verse a mucha gente que manifiesta su desacuerdo con sus autoridades, por las vías institucionales que le brinda la democracia que, como dijera, es abundante en recursos para tal fin y a nadie se le ocurre decir es un delito hacerlo. A todo Estado le cabe la obligación de atender los reclamos, sean individuales o colectivos, seguramente por ello se ha hecho uso de dicho mecanismo para arribar, armónicamente, hoy, a un acuerdo con los representantes de las comunidades wichis, del centro oeste.
Parte de mi infancia la viví en Pozo del Mortero, así que conozco la realidad del indígena, no porque me la contaron. La Defensoría del Pueblo como los otros estamentos del Estado se ha hecho presente en los lugares asiento de nuestros pueblos originarios, tenemos un área específica que atiende los reclamos de los mismos y en todos los casos se hace el pertinente traslado a las áreas pertinentes y su seguimiento, por lo que puedo afirmar que es mendaz la afirmación de que se han dejado de lado a las comunidades indígenas.
Alguna vez expresamos que hay muchas cosas por hacer, pero indudablemente se están realizando y ello causa el resquemor de algunos; no hace mucho tiempo publicamos los resultados de los numerosos programas de asistencia, planes de vivienda, educación, salud, promoción laboral y tantas otras acciones que, a lo largo de todo el territorio provincial, se han llevado y vienen llevándose adelante pues los hechos son inobjetables.
Precisamente un lamentable hecho motivó la intervención de la Defensoría ante la Justicia para que investigue la responsabilidad que cabe por la muerte de una persona en el desarrollo de un hecho de violencia, como lo es un piquete, lo que cada uno hizo o dejó de hacer puede incluso escapar a la justicia de los hombres, pero no a la divina, al momento de rendirle cuentas que cada uno cargue con su peso.
Sepan Uds. de mi compromiso con todos los ciudadanos que habitan nuestra Provincia y de mi entera disposición para lo que estimen necesario.
Sin otro particular, saludo a Uds. con distinguida consideración.
Atentamente
Dr. Leonardo Gialluca
Defensor del Pueblo
Provincia de Formosa
