No puedo menos que reafirmar lo hasta aquí expresado y actuado, todo piquete es una forma violenta que atenta contra garantías fundamentales de los ciudadanos, como la del libre tránsito por una vía pública y que, como tal, no puede sino causar mas perjuicios que beneficios a una comunidad. La Defensoría del Pueblo de la Provincia, mantiene una postura histórica al respecto, a sabiendas de la amplitud de recursos pacíficos con que cuenta la democracia para resolver los conflictos y de que el corte intempestivo de un camino abierto a la circulación de cualquier persona, con amenaza de ejercer la fuerza sobre el que intente atravesarlo, no es una conducta propia de nuestros pueblos originarios.

Parte de mi infancia la viví en Pozo del Mortero, así que conozco la realidad del indígena, no porque me la contaron.

La verdad es una sola, no existen verdades a medias, no puede un grupo atribuirse la representación del todo y en este sentido, fuerza precisar a los firmantes, que no solo los familiares de la difunta y los wichis presentes en el corte de ruta sienten dolor por el desenlace fatal y están de duelo.

Como miembros de una sociedad, no podemos menos que sentirnos angustiados y llevar el luto en nuestros corazones por la trágica pérdida de una vida humana en las condiciones en que se dio el deceso de María Cristina Lopez. Lo que nos preguntamos, es si no les cabe responsabilidad a los que estando con ella, en los momentos previos, no agotaron todas las vías para que recibiera adecuada asistencia, si al empeorar su situación de salud, no tuvieron la posibilidad o no quisieron procurarle atención médica adecuada, si quienes la trasladaron a un lugar donde pasaría la noche en las peores condiciones para su cuadro de enfermedad, no pudieron hacerse de tiempo para que sea atendida por un facultativo que determinara el peligro que se cernía sobre la fallecida..

El derecho a la vida, es la potestad humana fundamental y cuando una persona lo pierde, bajo ciertas circunstancias, no vale decir no es culpa de nadie o pretender eludir responsabilidades, endilgándolas a un gobierno, por ejemplo, como se pretende en la carta abierta. A diario, en el mundo, puede verse a mucha gente que manifiesta su desacuerdo con sus autoridades, por las vías institucionales que le brinda la democracia que, como dijera, es abundante en recursos para tal fin y a nadie se le ocurre decir que es un delito hacerlo. A todo Estado le es inherente la obligación de atender los reclamos, sean individuales o colectivos, seguramente por ello se ha hecho uso de dicho mecanismo para arribar, armónicamente, hoy, a un acuerdo con los representantes de las comunidades wichis, del centro oeste.

La Defensoría del Pueblo, como los otros estamentos del Estado, se ha hecho presente en los lugares asiento de nuestros pueblos originarios, tenemos un Área específica que atiende los reclamos de los mismos y en todos los casos se hace el pertinente traslado a los organismos competentes y el seguimiento, por lo que puedo decir que es mendaz la afirmación de que se han dejado de lado y olvidado a las comunidades indígenas, quien asevere eso desconoce la realidad, aunque la tenga frente a sus ojos. Alguna vez expresamos que hay muchas cosas por hacer, pero indudablemente las mismas se vienen realizando. Causando el resquemor de algunos, publicamos los resultados de los numerosos programas de asistencia, planes de vivienda, educación, salud, promoción laboral y tantas otras acciones que, a lo largo de todo el territorio provincial, se llevan adelante, pues los hechos son inobjetables.

Precisamente, un lamentable suceso motivó la intervención de la Defensoría, no por estar contra alguien, sino para que la Justicia comience a investigar las responsabilidades que caben por la muerte de una persona, en el desarrollo de un hecho de violencia, como lo es un piquete, lo que cada uno hizo o dejó de hacer puede incluso escapar a la justicia de los hombres, pero no a la divina, al momento de rendirle cuentas, que cada uno cargue con su peso.

Dr. Leonardo Gialluca
Defensor del Pueblo
Provincia de Formosa